Sociedad
Fentanilo contaminado: secuestran teléfonos de funcionarios de ANMAT e INAME
La Justicia avanza sobre posibles responsabilidades de funcionarios en el caso del fentanilo contaminado. Tras las detenciones e indagatorias a responsables de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, el juez federal Ernesto Kreplak ordenó una serie de procedimientos para resguardar pruebas vinculadas a la actuación de la ANMAT y el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME).
Procedimientos en sedes y domicilios
Fuentes judiciales confirmaron que se llevaron a cabo siete operativos bajo la modalidad de “órdenes de presentación con allanamiento en subsidio”. Entre los lugares alcanzados estuvieron las sedes centrales de la ANMAT (Av. de Mayo 850/869, CABA), el INAME (Av. Caseros 2161, CABA) y domicilios particulares de funcionarios y exfuncionarios de ambos organismos.
Entre ellos figuran la administradora de la ANMAT, Nélida Agustina Bisio; la extitular del INAME, Gabriela Carmen Mantecón Fumadó; la directora de Fiscalización y Gestión de Riesgo del INAME, Ana Laura Canil; la directora de Poscomercialización y Acciones Regulatorias, Mariela Baldut; y el jefe de Inspectorado, Maximiliano Carlos Lalin.
El objetivo fue secuestrar teléfonos celulares y documentación que permitan establecer si existieron responsabilidades por “negligencia, connivencia o complicidad” en la fabricación y comercialización del fentanilo contaminado.
Acusaciones y contexto de la causa
La fiscal federal Laura Roteta había impulsado la investigación para determinar la responsabilidad de los organismos de control. El caso investiga si hubo fallas regulatorias en la falta de recupero del fentanilo contaminado producido por HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, cuyos directivos ya fueron detenidos.
En la causa, figuran como acusados Ariel García Furfaro y otros nueve responsables técnicos y directivos de las firmas mencionadas, a quienes se les adjudica la elaboración y distribución de partidas de fentanilo que derivaron en un escándalo sanitario de alto impacto.
La investigación busca ahora determinar si el accionar de ANMAT e INAME fue deficiente o si existió algún grado de complicidad en la supervisión y control de los productos que terminaron en hospitales y pacientes de alta vulnerabilidad.
