Política
Fuerte clamor internacional ante el avance del negacionismo en la Argentina de Milei
La Argentina volvió a quedar bajo observación internacional en la previa de un nuevo 24 de marzo. Relatores y expertos de la ONU advirtieron sobre “alarmantes retrocesos” en materia de Memoria, Verdad y Justicia y señalaron que el país atraviesa un “rápido deterioro” de un liderazgo que durante décadas fue referencia mundial en justicia transicional.
El pronunciamiento no fue menor. En un comunicado difundido el 19 de marzo de 2026, los expertos remarcaron que desde el retorno democrático de 1983 la Argentina construyó un recorrido reconocido a nivel global, con hitos como la CONADEP, el Juicio a las Juntas, las más de mil condenas por crímenes de lesa humanidad, el Banco Nacional de Datos Genéticos, la CONADI y la restitución de identidad de cientos de hijos e hijas apropiados. Pero, al mismo tiempo, alertaron que hoy ese legado está siendo erosionado.
Según los relatores, la preocupación no responde a un hecho aislado sino a una secuencia. El propio sistema de Naciones Unidas informó que ya expresó objeciones al Estado argentino en seis ocasiones por medidas regresivas adoptadas desde 2024, entre ellas la reducción del papel estatal en la promoción de investigaciones por crímenes contra la humanidad, los obstáculos para acceder a archivos de la dictadura y el debilitamiento de mecanismos de reparación y apoyo a las víctimas.
En ese marco, la crítica internacional también apuntó al discurso oficial. Los expertos advirtieron sobre “instancias públicas de negacionismo y glorificación” de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, además de discursos estigmatizantes contra víctimas y organismos de derechos humanos. Y fueron todavía más duros al plantear que “intentar reescribir el pasado con narrativas negacionistas o revisionistas” constituye “otro retroceso alarmante y una violación de los derechos humanos”.
Ese señalamiento dialoga de lleno con la narrativa impulsada por el Gobierno nacional. El 24 de marzo de 2025, la Oficina del Presidente sostuvo en un comunicado oficial que la conmemoración debía hacerse en busca de una “historia completa”, sin “sesgo ideológico”, y anunció la desclasificación inmediata de archivos de la SIDE vinculados a actividades militares y guerrilleras entre 1976 y 1983. Ese mismo día, el vocero presidencial defendió la misma línea argumental y presentó la medida como parte de una política de revisión del pasado reciente.
Para la ONU, el problema no pasa solamente por el tono del relato, sino también por las decisiones concretas. En su comunicado, los expertos afirmaron que el Gobierno argentino “ha desmantelado instituciones” dedicadas a la memoria, la búsqueda de personas desaparecidas, la conservación de archivos y la promoción de los derechos humanos. Por eso reclamaron que las autoridades restablezcan sin demora las políticas y organismos debilitados y frenen las medidas que erosionan el legado histórico construido desde la recuperación democrática.
Los relatores también pusieron un límite explícito frente a otra preocupación que empezó a circular en las últimas semanas: la posibilidad de beneficios o indultos para condenados por delitos atroces. Recordaron que los indultos por graves violaciones a los derechos humanos están “estrictamente prohibidos” por normas perentorias del derecho internacional y remarcaron que la Argentina “no puede cometer el mismo error otra vez”.
Así, a días de cumplirse 50 años del golpe de Estado de 1976, el país enfrenta un contraste cada vez más marcado. De un lado, un recorrido histórico que convirtió a la Argentina en referencia mundial en materia de derechos humanos; del otro, advertencias internacionales por un retroceso que combina desmantelamiento institucional, discursos relativizadores y una disputa abierta por el sentido del pasado.
