Política

Katopodis apuntó contra Milei y Caputo: “Se robaron la plata del impuesto a los combustibles”

Katopodis apuntó contra Milei y Caputo: “Se robaron la plata del impuesto a los combustibles”
Luciano Neder
12 Ago, 2026

El ministro de Infraestructura bonaerense cuestionó el destino de los recursos recaudados a través del impuesto a los combustibles y aseguró que el Gobierno nacional deberá dar explicaciones en la Justicia y el Congreso. También recordó la presentación judicial realizada en 2025 por el estado de las rutas.

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, volvió a cuestionar al Gobierno de Javier Milei por el destino de los fondos recaudados mediante el Impuesto a los Combustibles y reclamó explicaciones al ministro de Economía, Luis Caputo.

En declaraciones radiales, el funcionario bonaerense fue contundente al referirse a la presunta utilización de recursos que tienen una afectación específica para el mantenimiento y la recuperación de la red vial nacional.

“Este Gobierno se robó la plata del impuesto a los combustibles y el ministro Caputo va a tener que dar explicaciones en tribunales y en el Congreso Nacional, porque la verdad es muy, pero muy grave”, sostuvo Katopodis.

El ministro hizo referencia a los fondos acumulados en el esquema destinado al financiamiento vial y aseguró que el monto supera el billón y medio de pesos.

“Con ese billón y medio que recaudaron, Milei y Caputo podrían haber intervenido en el 50% de toda la red vial nacional. Son 40.000 kilómetros en total y la cuenta nos da que podrían haber intervenido con obra en 20.000”, afirmó.

Las críticas del funcionario bonaerense no son nuevas. En febrero de 2025, Katopodis encabezó junto a intendentes e intendentas de la provincia de Buenos Aires una presentación judicial contra el Gobierno nacional por el estado de las rutas y el supuesto desvío de recursos destinados a infraestructura vial.

La presentación fue realizada bajo el lema “Milei arreglá las rutas” ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 1 de San Martín. En aquella oportunidad, Katopodis había advertido sobre las consecuencias que el deterioro de las rutas nacionales genera sobre la actividad productiva y la seguridad de quienes circulan diariamente por ellas.

“Milei es el único presidente de la Nación que en 40 años de democracia no hizo un solo kilómetro de ruta y paralizó todas las obras que estaban en ejecución”, había señalado.

En ese contexto, reclamó que la Justicia ordenara al Estado nacional retomar las obras paralizadas.

“Queremos que la Justicia le ordene al Estado Nacional el reinicio urgente de todas estas obras porque lo que está en juego es la vida de la gente”, había planteado el ministro.

Katopodis también volvió a poner el foco sobre la situación de la provincia de Buenos Aires y la ausencia de obras financiadas por el Estado nacional.

“En la provincia de Buenos Aires en estos más de dos años, no hubo nada de obra pública nacional. No lo vi yo como Ministro y no lo vio ningún ciudadano de la provincia de Buenos Aires”, sostuvo. Y agregó: “No existió, fue nula la inversión de obra pública en todo sentido y en particular en rutas”.

Sus declaraciones se producen en medio de la discusión por los recursos del Sistema Vial Integrado (SisVial), mecanismo que recibe parte de la recaudación del impuesto a los combustibles y cuyos fondos tienen como finalidad financiar obras vinculadas con la infraestructura vial.

El cuestionamiento de Katopodis se inscribe además en una discusión más amplia sobre la política de obra pública de la administración de Milei.

Desde diciembre de 2023, el Gobierno nacional dispuso la paralización de más de 2.300 obras públicas que se encontraban en ejecución en distintos puntos del país.

Según el planteo del ministro bonaerense, esa decisión continúa teniendo consecuencias directas sobre municipios, regiones productivas y usuarios de las rutas.

Ahora, la discusión por el destino de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles suma un nuevo capítulo y coloca nuevamente bajo la lupa al Ministerio de Economía y a la administración nacional por el uso de fondos destinados específicamente a la infraestructura vial.

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