Punto capital
La Nueva Metropol, bajo investigación por un presunto fraude de $30.000 millones con subsidios al transporte
La empresa de micros que conecta La Plata con la Ciudad de Buenos Aires quedó bajo la lupa de la Justicia federal por una supuesta maniobra para inflar los kilómetros y recorridos registrados mediante la tarjeta SUBE y recibir mayores compensaciones estatales. En paralelo, dos sociedades del grupo de los hermanos Zbikoski iniciaron un proceso de liquidación en Chile, donde operaban más de 700 colectivos.
La Nueva Metropol, una de las principales empresas de transporte automotor de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), quedó involucrada en una investigación judicial por un presunto fraude con subsidios estatales que rondaría los $30.000 millones. La causa busca determinar si existió una maniobra para alterar los registros de viajes con la tarjeta SUBE y obtener una mayor cantidad de fondos públicos.
La firma pertenece al grupo empresario de los hermanos Zbikoski, de origen misionero, y opera servicios de micros que conectan distintos puntos del AMBA, entre ellos La Plata y la Ciudad de Buenos Aires. La investigación se concentra en el sistema de liquidación de las compensaciones estatales al transporte.
Cómo habría funcionado la presunta maniobra con la SUBE
El expediente investiga si se registraban viajes correspondientes a recorridos extensos a pasajeros que, en realidad, realizaban trayectos más cortos. De acuerdo a la información que trascendió desde la Justicia, esa operatoria habría permitido inflar artificialmente las estadísticas de los servicios y aumentar los montos liquidados por el Estado.
La hipótesis judicial se vincula con los cambios en el esquema de compensaciones al transporte automotor, que pasó de contemplar variables como la flota y el consumo de combustible a incorporar criterios relacionados con la cantidad de pasajeros transportados y los kilómetros recorridos.
Según un informe periodístico publicado por La Nación, a partir de testimonios de choferes y peritajes incorporados al expediente, se habrían aplicado tarifas correspondientes a recorridos más largos —como los trayectos completos de la línea 163— a usuarios que solo viajaban una parte del recorrido.
De comprobarse, la maniobra habría permitido incrementar las liquidaciones estatales en perjuicio de otras empresas del sector.
Una causa federal con derivaciones institucionales
La investigación tramita en la Justicia federal y está vinculada con denuncias de empresas competidoras. De acuerdo a los detalles que se conocen hasta el momento, el juez Julián Ercolini delegó la investigación en la fiscalía federal, mientras que también se plantearon controversias en la Cámara Federal en torno a la competencia para intervenir en el caso.
El avance de la causa generó repercusiones en el área de Transporte de la Nación, en un contexto en el que se informaron renuncias de funcionarios vinculados con esa dependencia. Los detalles sobre las responsabilidades individuales y el alcance de las presuntas irregularidades forman parte de las cuestiones que deberán esclarecerse.
La cifra de $30.000 millones corresponde al monto estimado que la fiscalía atribuye a la operatoria bajo sospecha.
La crisis de empresas del grupo Metropol en Chile
En paralelo a la investigación en Argentina, el Grupo Metropol enfrenta dificultades operativas y financieras en sus negocios de transporte en Chile. Dos de sus sociedades, Buses Alfa y Buses Omega, iniciaron un proceso de liquidación voluntaria que puso en revisión la continuidad de más de 50 recorridos del sistema RED Metropolitana de Movilidad, en Santiago.
La presentación judicial fue realizada el viernes 23 de octubre de 2026 y comunicada a las autoridades chilenas. Entre ambas compañías operaban 741 colectivos, equivalentes al 10,3% de la flota del sistema de transporte urbano de pasajeros de la capital chilena.
Ante esa situación, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile anunció medidas para sostener las prestaciones y evitar que los usuarios pierdan conectividad.
De esta manera, mientras la Justicia federal argentina busca determinar si existió una defraudación al Estado mediante la manipulación de registros de la SUBE, en Chile las autoridades deben afrontar las consecuencias operativas de la salida de dos empresas del sistema de transporte de Santiago.
