Política
La Provincia acusa a Caputo de bloquear obras financiadas por organismos internacionales
El gobierno de Axel Kicillof denuncia que la Nación se niega a firmar avales indispensables para avanzar con proyectos de infraestructura, mientras sí autorizó financiamiento para provincias alineadas con el oficialismo.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires denunció que el Ministerio de Economía de la Nación mantiene paralizadas una serie de obras estratégicas al negarse a firmar los avales requeridos para habilitar créditos internacionales que ya cuentan con financiamiento aprobado.
La administración de Axel Kicillof sostiene que la decisión del ministro Luis Caputo afecta proyectos vinculados al saneamiento, el acceso al agua potable, la infraestructura vial y el control hídrico, pese a que los recursos fueron previamente comprometidos por organismos multilaterales y fondos internacionales.
Según la denuncia, la situación contrasta con la autorización otorgada por el Gobierno nacional a otras provincias que respaldaron iniciativas oficiales en el Congreso. En total, la Nación ya habilitó avales para 18 proyectos distribuidos en diez distritos, financiados por organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Fonplata, por un monto cercano a los 2.000 millones de dólares.
Entre los proyectos afectados figura la construcción de una nueva planta depuradora cloacal para La Plata, Berisso y Ensenada, considerada una obra prioritaria para el saneamiento ambiental de la región capital.
Actualmente, el sistema de tratamiento resulta insuficiente para absorber la totalidad de los efluentes cloacales generados en el área metropolitana. Según datos oficiales, de los aproximadamente 13.000 metros cúbicos por hora que ingresan al sistema, apenas unos 5.000 reciben tratamiento en la planta operada por ABSA en Berisso, mientras que el resto es volcado directamente al Río de la Plata.
También permanecen frenadas otras iniciativas consideradas estratégicas, como la construcción de un túnel aliviador para el arroyo Las Piedras, destinado a reducir el impacto de inundaciones en el sur del conurbano bonaerense.
A su vez, la falta de avales impide avanzar con la construcción de un nuevo acueducto para la ciudad de La Plata, una obra financiada por un fondo de Kuwait por un monto cercano a los 63 millones de dólares.
Otro de los proyectos afectados es la construcción de la nueva planta potabilizadora para La Plata, Berisso y Ensenada, una obra financiada por la CAF y considerada fundamental para resolver los problemas estructurales de abastecimiento de agua potable en la región.
La iniciativa busca ampliar significativamente la capacidad instalada del sistema actual, cuya infraestructura principal fue construida hace más de siete décadas y presenta crecientes dificultades para responder a la demanda actual.
La negativa del Gobierno nacional también alcanza proyectos viales y de infraestructura hidráulica, entre ellos la transformación en autopista de la Ruta Provincial 11 y diversas intervenciones sobre la Ruta Provincial 6.
Además, la Provincia sostiene que existen obras ya iniciadas cuyos préstamos requieren renovaciones o prórrogas que también dependen de autorizaciones nacionales. Uno de esos casos corresponde a la cuarta etapa del dragado del Río Salado, financiada por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) por un monto cercano a los 138 millones de dólares.
Ante la falta de respuesta del Ministerio de Economía, la Provincia recurrió a la Justicia Federal. Días atrás, el juez federal Alberto Recondo intimó al Gobierno nacional a responder los pedidos de avales presentados por la administración bonaerense.
En su resolución, el magistrado advirtió que "el silencio que mantiene la jurisdicción nacional genera una restricción al financiamiento internacional, de cuya obtención depende la ejecución de la obra proyectada".
Sin embargo, según denuncian desde la administración bonaerense, el plazo fijado por la Justicia ya venció y la respuesta oficial aún no llegó.
Desde el gobierno de Axel Kicillof interpretan que la negativa a otorgar los avales responde a una decisión política orientada a limitar la capacidad de gestión provincial.
Mientras tanto, provincias como Jujuy, Salta, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos, Neuquén, Chaco, Río Negro y Misiones ya lograron avanzar con programas educativos, obras hídricas, sistemas de agua potable y proyectos de desarrollo productivo gracias a autorizaciones otorgadas por el Gobierno nacional.
La disputa por los avales internacionales se transformó así en un nuevo capítulo de la confrontación política entre la administración bonaerense y la Casa Rosada, aunque con consecuencias concretas sobre obras de infraestructura consideradas esenciales para millones de habitantes de la provincia.
