Sociedad
La Suprema Corte licenció la jueza por documental sobre la muerte de Diego Maradona
La Suprema Corte bonaerense le otorgó una licencia de 90 días a Julieta Makintach, jueza del Tribunal Criminal N°3 de San Isidro, por haber participado en la producción de una serie vinculada al juicio por la muerte de Diego Maradona.
La jueza Julieta Makintach fue apartada temporalmente de su cargo por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, luego de quedar en el centro de una polémica por su supuesta intervención en el documental Justicia Divina, que aborda el juicio por la muerte de Diego Maradona.
La decisión fue tomada este martes por los ministros Hilda Kogan, Sergio Gabriel Torres y Daniel Fernando Soria, quienes consideraron que la conducta de Makintach podría representar "incumplimientos graves en el ejercicio de sus funciones". Por eso, le otorgaron una licencia preventiva de 90 días, mientras se avanza con una investigación formal.
El origen del conflicto: un documental en medio del juicio
Todo estalló cuando se supo que la jueza habría estado vinculada con la producción del documental, lo que fue considerado un comportamiento incompatible con la imparcialidad judicial, ya que el contenido audiovisual está directamente relacionado con la causa en la que ella debía intervenir.
El caso activó rápidamente las alarmas dentro del Poder Judicial. Intervino la Subsecretaría de Control Disciplinario, y los fiscales Carolina Aprella, Cecilia Chaieb y José Amallo comenzaron una investigación preliminar por posible falta de ética profesional.
La Corte, en su resolución, fue clara: lo que se le atribuye a Makintach “evidencia, prima facie, una actitud alejada de la sobriedad, mesura y corrección” que se espera de cualquier magistrado. Y agregó que su accionar sería "incompatible con el decoro y la prudencia" que exige el cargo.
¿Podría enfrentar un juicio político?
Además del apartamiento, la Corte le pidió al Procurador General bonaerense, Julio Conte-Grand, que evalúe si corresponde iniciar el proceso de enjuiciamiento, según lo establece la Constitución provincial.
La medida busca preservar la confianza pública en la Justicia y garantizar la transparencia del juicio por la muerte del Diez, que tiene una fuerte carga simbólica y mediática.
