Política

Loteos ilegales en La Plata: dictaron prisión preventiva para los tres acusados por presuntas estafas inmobiliarias

La jueza de Garantías Marcela Garmendia hizo lugar al pedido del fiscal Juan Menucci y convirtió las detenciones en prisión preventiva. El titular del Grupo Delsud, su exesposa y una tercera imputada están acusados de participar en operaciones irregulares de venta de terrenos en los emprendimientos Garden y Sosferia. La investigación analiza hasta diez hechos de estafa y el presunto uso de documentación falsa.

La causa por los presuntos loteos ilegales en La Plata sumó un nuevo avance judicial con el dictado de la prisión preventiva para los tres imputados. La jueza de Garantías Marcela Garmendia resolvió convertir las detenciones en esa medida, tras hacer lugar al pedido presentado por el fiscal Juan Menucci, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 5.

La investigación tiene como principales acusados a Francisco Alberto Vila Basualdo, titular del Grupo Delsud; su exesposa, Eugenia Martínez; y Nadia Antonella Lima. Los tres están señalados por su presunta participación en un esquema de comercialización irregular de terrenos que habría perjudicado a compradores que buscaban adquirir lotes para construir sus viviendas.

Según la imputación fiscal, Vila Basualdo y Martínez están acusados de ser coautores de diez hechos de estafa. Además, a Martínez se le atribuye el presunto uso de un documento falso. En tanto, Lima está imputada como presunta coautora de ocho hechos de estafa.

La resolución representa uno de los avances más relevantes del expediente, que busca determinar cómo se organizaron las operaciones inmobiliarias, qué responsabilidades tuvo cada uno de los acusados y cuál fue el perjuicio ocasionado a las personas que entregaron dinero por terrenos que no habrían contado con las condiciones legales prometidas.

Cómo funcionaba la presunta maniobra con los terrenos

De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, los compradores eran convocados mediante propuestas que presentaban los terrenos como lotes individuales, aptos para construir viviendas y con posibilidades de avanzar hacia la escrituración. Sin embargo, las operaciones se habrían concretado mediante la venta de participaciones indivisas sobre inmuebles de mayor extensión.

Esta modalidad implica que el comprador adquiere un porcentaje de un terreno, pero no necesariamente una parcela independiente con límites y reconocimiento legal propios. En los emprendimientos investigados, los sectores ofrecidos como lotes residenciales no habrían contado con las aprobaciones urbanísticas ni con la subdivisión legal necesaria para constituir parcelas independientes.

La acusación sostiene que esa diferencia entre lo ofrecido y la situación jurídica real de los inmuebles fue central para concretar las operaciones. Los compradores habrían entregado anticipos, abonado cuotas y, en algunos casos, realizado pagos adicionales por conceptos como mensuras o conexiones eléctricas, bajo la expectativa de acceder a un terreno en condiciones de construir.

Según la investigación, las promesas vinculadas con la infraestructura, los servicios y la posibilidad de escriturar habrían sido determinantes para que las víctimas aceptaran las condiciones de compra. La jueza consideró que los hechos investigados no podían analizarse únicamente como conflictos comerciales aislados, sino que presentaban indicios de un patrón de actuación coordinada, con presuntas responsabilidades diferenciadas.

Garden y Sosferia, los dos emprendimientos bajo investigación

Uno de los desarrollos incluidos en el expediente es Garden, ubicado en la zona de la Ruta 36 y la calle 425. Según la acusación, el emprendimiento era promocionado como un barrio privado cerrado, con anuncios de apertura de calles, cerco perimetral, suministro eléctrico y posibilidades de construir y escriturar los terrenos.

El otro proyecto investigado es Sosferia, situado en las inmediaciones de las calles 30 y 628, en la localidad de Arana. En ese caso, los sectores comercializados también eran presentados como lotes residenciales, dentro de un barrio semicerrado que contaría con servicios e infraestructura.

La Fiscalía sostiene que las condiciones prometidas en ambos desarrollos no se correspondían con las autorizaciones disponibles para avanzar con las subdivisiones y la urbanización. Esa situación habría dejado a los compradores en una posición distinta de la que esperaban al momento de firmar los acuerdos y entregar el dinero.

La investigación también analiza la intervención de distintas sociedades vinculadas con los emprendimientos, entre ellas Grupo Delsud, Four Capital y Clava Desarrollos. Según la hipótesis judicial, las firmas habrían intervenido en diferentes etapas de la operatoria, desde el primer contacto con los interesados hasta la formalización de los documentos y el cobro de las cuotas.

En el marco de las medidas probatorias, la causa cuenta además con documentación secuestrada en una escribanía del centro de La Plata, material que forma parte de las actuaciones destinadas a reconstruir las operaciones inmobiliarias y establecer las responsabilidades correspondientes.

La declaración de Nadia Lima y las acusaciones contra los otros imputados

Durante el avance de la investigación, Nadia Antonella Lima declaró durante aproximadamente tres horas ante el fiscal y reconoció su participación en la operatoria investigada. En esa instancia, según la información difundida sobre la causa, apuntó contra Vila Basualdo y pidió disculpas a los compradores afectados.

Su declaración se incorpora a un expediente en el que la Fiscalía busca determinar la intervención de cada acusado en las operaciones cuestionadas. No obstante, la responsabilidad penal de los imputados deberá establecerse en el marco del proceso judicial y de acuerdo con las pruebas incorporadas.

La imputación distingue las conductas atribuidas a cada uno: mientras Vila Basualdo y Martínez están señalados por diez hechos de estafa, a Lima se le atribuyen ocho. En el caso de Martínez, además, se investiga el presunto uso de documentación falsa.

La prisión preventiva dispuesta por la jueza Garmendia no constituye una condena, sino una medida cautelar adoptada durante el proceso. La causa continuará con el análisis de las pruebas y las actuaciones necesarias para esclarecer los hechos denunciados.

Una investigación que ya había ordenado frenar obras en diez desarrollos

El expediente acumula antecedentes desde hace varios meses. En septiembre, la jueza Garmendia había ordenado el cese de obras en diez desarrollos inmobiliarios que, según la investigación, no contaban con las habilitaciones correspondientes. En esa etapa también se dispusieron las primeras detenciones y se incorporaron imputaciones contra exfuncionarios vinculados con los emprendimientos bajo análisis.

Otra de las medidas ordenadas por la Justicia fue la realización de un censo casa por casa para relevar a los compradores afectados por las operaciones investigadas. El objetivo de ese procedimiento es identificar a las personas involucradas, reunir información sobre las transacciones y dimensionar el alcance de los posibles perjuicios.

Con la conversión de las detenciones en prisión preventiva para los tres acusados, la causa por los loteos ilegales en La Plata suma una nueva decisión judicial de peso. La investigación busca reconstruir el funcionamiento de las operaciones, establecer las responsabilidades individuales y determinar las consecuencias para quienes pagaron por terrenos que, según la acusación, no reunían las condiciones legales prometidas.