Política

Milei acelera las privatizaciones: qué empresas y servicios siguen en la lista y cuánto busca recaudar

Tras avanzar con AySA, el Gobierno nacional prepara nuevas licitaciones para ferrocarriles, centrales eléctricas y empresas estatales. La meta oficial es obtener US$ 2.300 millones entre 2026 y 2027, mientras continúa el traspaso de rutas e infraestructura estratégica a operadores privados.

El Gobierno de Javier Milei profundiza su programa de privatizaciones y concesiones con nuevas operaciones previstas para los próximos meses. Después de recibir las ofertas económicas por el 90% de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la administración nacional tiene en agenda la licitación de Belgrano Cargas y Logística, la venta de participaciones estatales en centrales termoeléctricas y el avance del proceso para incorporar capital privado a Nucleoeléctrica Argentina.

La hoja de ruta fue presentada por el Ministerio de Economía, que proyectó ingresos por US$ 2.300 millones entre las operaciones previstas para 2026 y las que podrían concretarse durante 2027. El plan combina ventas de participaciones accionarias, concesiones de infraestructura y transferencias de actividades que hasta ahora estaban bajo gestión estatal.

Sin embargo, no todas las operaciones tienen el mismo alcance. Mientras algunas implican la venta de acciones de empresas públicas, otras consisten en otorgar a compañías privadas la explotación, el mantenimiento y la realización de inversiones sobre bienes que continúan siendo del Estado.

AySA y Belgrano Cargas, dos operaciones clave

El proceso de AySA avanzó el jueves 8 de octubre con la apertura de las ofertas económicas por el 90% del capital accionario de la empresa. Según la información publicada por iProfesional, el consorcio encabezado por Rowing presentó la propuesta más alta, por US$ 349,2 millones, frente a los US$ 285 millones ofrecidos por el grupo liderado por Roggio. La operación también contempla compromisos de inversión superiores a los US$ 2.000 millones para ampliar y mejorar los servicios de agua potable y saneamiento.

La próxima instancia competitiva será la licitación de Belgrano Cargas y Logística, cuya apertura de ofertas está prevista para el 11 de noviembre. A diferencia de AySA, el esquema ferroviario no contempla la transferencia integral de la sociedad a un único comprador, sino la concesión de distintos componentes de la operación.

La red comprende las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza, con unos 7.594 kilómetros de vías distribuidos en 16 provincias. Su importancia radica en la conexión entre las regiones agrícolas, industriales y mineras, los puertos y los pasos internacionales, por lo que el proceso despierta interés entre operadores logísticos, agroexportadoras y compañías vinculadas con la minería.

El esquema prevé concesiones de hasta 50 años para la infraestructura ferroviaria, además de la transferencia de instalaciones y talleres bajo las condiciones establecidas en los pliegos. También contempla la venta del material rodante mediante los mecanismos previstos por la normativa y un régimen de acceso abierto para operadores habilitados.

Entre las empresas que manifestaron interés en el proceso figuran grupos agroexportadores y operadores ferroviarios. No obstante, la participación definitiva de cada firma deberá confirmarse a partir de las ofertas que se presenten formalmente en la licitación.

Centrales eléctricas: nuevas ventas de participaciones estatales

El sector energético también forma parte de la agenda oficial. A través del Decreto 1107/2026, el Gobierno autorizó avanzar con la venta de las participaciones de Energía Argentina (Enarsa) en las centrales termoeléctricas Manuel Belgrano y José de San Martín.

Los paquetes accionarios habilitados para la venta corresponden al 65,01% de Termoeléctrica Manuel Belgrano y al 68,83% de Termoeléctrica José de San Martín. La misma norma contempla avanzar con la Central Termoeléctrica Guillermo Brown, aunque para esta última deben completarse previamente los procedimientos societarios correspondientes.

La concreción de estas operaciones dependerá de la aprobación de los pliegos, las valuaciones y los pasos administrativos necesarios para convocar a los inversores. Por ese motivo, todavía no hay una fecha definitiva para establecer cuál de las centrales será transferida primero.

En paralelo, el Gobierno avanzó con la venta de la participación estatal en Citelec, la sociedad controlante de Transener, y con las concesiones de las centrales hidroeléctricas del Comahue. Estas operaciones forman parte de los antecedentes utilizados para proyectar los ingresos del programa.

Nucleoeléctrica Argentina: participación privada con mayoría estatal

Otro de los procesos pendientes es la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina, la empresa responsable de operar las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse.

El esquema autorizado contempla desprenderse del 44% del capital accionario, reservar otro 5% para un programa de propiedad participada y mantener el 51% restante en manos del Estado. De esta manera, la administración nacional conservaría la mayoría accionaria, aunque permitiría el ingreso de inversores privados.

El procedimiento requiere completar las valuaciones, preparar la documentación societaria y contractual y definir las condiciones de la competencia. Por lo tanto, la autorización legal no implica que la transferencia ya se haya concretado.

Una situación diferente se presenta en Yacimientos Carboníferos Río Turbio, donde las condiciones legales establecen límites a la pérdida del control estatal. En ese caso, el Gobierno deberá definir cómo incorporar capital privado sin exceder las restricciones previstas en la legislación.

Más de 9.000 kilómetros de rutas bajo concesión privada

El programa también incluye la transferencia progresiva de la explotación de rutas nacionales mediante la Red Federal de Concesiones. En lugar de vender la empresa estatal Corredores Viales como una unidad, el Gobierno organizó licitaciones para adjudicar distintos tramos a operadores privados.

El esquema contempla que las empresas concesionarias se encarguen de la explotación, administración, conservación y mantenimiento de las rutas, además de ejecutar las inversiones establecidas en los contratos. La infraestructura, sin embargo, continúa siendo pública y Vialidad Nacional conserva funciones de supervisión y control.

Según los anuncios oficiales, el programa supera los 9.000 kilómetros de rutas nacionales y autopistas bajo el nuevo modelo de gestión. La transferencia de los corredores se desarrolla por etapas, de acuerdo con las adjudicaciones y la firma de los respectivos contratos.

Este mecanismo tiene una diferencia central respecto de la venta de una empresa: el Estado no transfiere la propiedad de las rutas, sino que concede derechos de explotación durante un plazo determinado y bajo obligaciones contractuales.

El antecedente de IMPSA y las hidroeléctricas del Comahue

Entre las operaciones concretadas se encuentra la transferencia de la participación estatal en IMPSA, la compañía industrial mendocina especializada en soluciones de ingeniería y equipamiento. En febrero de 2025, el Estado nacional y la provincia de Mendoza firmaron el contrato para transferir sus participaciones al consorcio Industrial Acquisitions Fund, vinculado con Arc Energy.

La propuesta contempló un aporte de capital de US$ 27 millones y un procedimiento para refinanciar la deuda de la empresa. Se trató de una operación sobre una compañía industrial, distinta de los mecanismos de concesión aplicados a rutas y ferrocarriles.

También se concretaron las concesiones de las centrales hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados, en la región del Comahue. La Secretaría de Energía informó que los contratos firmados en diciembre de 2025 representaron ingresos por más de US$ 706 millones para el Estado nacional.

A estos antecedentes se sumó la operación sobre Citelec, controlante de Transener, que involucró la transferencia de la participación estatal en la sociedad. En conjunto, las operaciones energéticas constituyen una parte importante de los ingresos que el Gobierno contabiliza dentro de su programa de desinversión.

Hidrovía e Intercargo: dos situaciones diferentes

La Vía Navegable Troncal, conocida como Hidrovía, también forma parte del esquema de concesiones de infraestructura estratégica. En este caso, el procedimiento está orientado a la operación, el mantenimiento, la profundización y la modernización de la vía navegable utilizada por buena parte del comercio exterior argentino.

La concesión debe analizarse de manera diferente a una venta de acciones estatales: el objeto central es la explotación del servicio bajo condiciones contractuales, no la transferencia de la propiedad de la infraestructura.

En el sector aeroportuario, en cambio, el Gobierno busca avanzar con la privatización de Intercargo, la empresa estatal que presta servicios de asistencia en tierra a aeronaves. El proceso no logró atraer ofertas en las instancias anteriores, en un contexto en el que se habilitó la competencia de nuevos prestadores privados.

La apertura del mercado modificó las condiciones comerciales de la empresa y plantea interrogantes sobre el interés de potenciales compradores. Por ahora, el Gobierno deberá resolver si convoca a una nueva licitación, modifica las condiciones de venta o adopta otro mecanismo para continuar con el proceso.

Qué busca el Gobierno con el programa de privatizaciones

La meta de US$ 2.300 millones proyectada para 2026 y 2027 reúne operaciones con características económicas diferentes. Algunas generan ingresos directos por la venta de acciones, mientras que otras se estructuran a través de concesiones, obligaciones de inversión y cambios en la forma de financiar el mantenimiento de la infraestructura.

Por eso, el monto estimado no debe interpretarse como una suma que ya ingresó a las arcas públicas. Se trata de una proyección que depende de la adjudicación, el cierre y las condiciones financieras de las distintas operaciones.

El programa implica, además, un cambio en la participación del Estado en sectores estratégicos, como el transporte ferroviario, la generación eléctrica, el agua y el saneamiento. Su alcance final dependerá de los procesos que logren concretarse y de las condiciones que se establezcan para los nuevos operadores.

Mientras Belgrano Cargas se encamina a la apertura de ofertas en noviembre, las ventas de participaciones en centrales eléctricas y la privatización parcial de Nucleoeléctrica continúan sujetas a los procedimientos administrativos correspondientes. El resultado de esas operaciones determinará cuánto podrá recaudar finalmente el Gobierno y qué obligaciones deberán asumir las empresas privadas que ingresen a cada sector.