Punto capital
Pedro Troglio pidió la detención de Diego Lacki por una presunta estafa inmobiliaria
El exentrenador de Gimnasia y actual técnico de Banfield, Pedro Troglio, solicitó ante la Justicia platense la detención del ex titular de AMIA-DAIA La Plata y administrador de la desarrolladora ABES. La causa investiga una presunta asociación ilícita y una millonaria estafa inmobiliaria que tendría más de 150 damnificados.
Pedro Troglio presentó ante la Unidad Funcional de Instrucción N°3 de La Plata documentación y 66 audios de WhatsApp con los que busca acreditar el rol que habría tenido Diego Lacki en el funcionamiento de la desarrolladora ABES.
El pedido fue realizado a través del abogado Miguel Molina, quien solicitó al fiscal que eleve al juez de Garantías un requerimiento de detención contra Lacki.
La presentación también apunta contra Macarena Núñez, gerenta de ABES, y Juan Ignacio Eulloque, apoderado de la firma, para quienes se pidió que sean citados a declarar en calidad de imputados por presunta administración fraudulenta, asociación ilícita y lavado de activos.
Lacki es un reconocido abogado penalista platense y se desempeñó como presidente y vicepresidente de la AMIA-DAIA La Plata. En la causa vinculada a ABES aparece señalado como uno de los responsables de la organización de la empresa.
Entre las pruebas incorporadas al expediente se encuentran 66 audios intercambiados por WhatsApp entre Lacki y Fernando Gil, un amigo de Troglio que habría actuado como nexo con la desarrolladora.
En una de las grabaciones, según consta en la denuncia, Lacki explica el mecanismo utilizado para captar inversores y hace referencia a la necesidad de contar con una estructura jurídica para reunir a distintos aportantes.
En otros mensajes también se habrían ofrecido condiciones particulares para inversores que llegaran a través de Gil y se mencionan transferencias superiores a 20.000 dólares.
La defensa de Troglio sostiene que estas comunicaciones podrían contribuir a determinar el funcionamiento de ABES y el rol que tuvo cada uno de los involucrados.
Otro de los elementos incorporados a la causa es una orden de pago por US$35.000 hacia una cuenta bancaria en Miami, cuya beneficiaria formal sería Kali Estate LLC.
La presentación judicial pide que se investigue esa operación y se determine el destino del dinero, debido a que podría estar vinculada con los fondos aportados por los inversores.
Troglio había comenzado a invertir en ABES en 2024, a través de los fideicomisos ABES Dezzeo y ABES Lucero, por un monto total cercano a los 157.000 dólares.
La desarrolladora terminó paralizando sus obras en La Plata hacia fines de 2025, en medio de una crisis que habría dejado a más de 150 personas afectadas. El perjuicio económico denunciado rondaría los 20 millones de dólares.
El vínculo con la causa por la llamada “Gestapo Sindical”
La investigación también tiene un antecedente que conecta a ABES con una de las causas judiciales más resonantes de La Plata.
En 2018, ABES, junto con otras empresas, había denunciado al entonces secretario general de la UOCRA La Plata, Juan Pablo “Pata” Medina.
La denuncia se produjo luego de una reunión realizada en oficinas porteñas del Banco Provincia, de la que participaron empresarios, funcionarios de la administración de María Eugenia Vidal, el entonces intendente platense Julio Garro y exagentes de inteligencia.
Aquel encuentro posteriormente fue conocido como parte del armado de la denominada “Gestapo Sindical”, investigación que derivó en el procesamiento y detención de Medina por una causa de presunta extorsión.
En 2020, la Justicia cuestionó el armado de esa investigación y sostuvo que había sido instrumentada desde una mesa política. Más recientemente, la Corte Suprema revocó el sobreseimiento de Medina, por lo que volvió a quedar abierto el camino hacia un nuevo juicio oral.
Una nueva causa que golpea a la desarrolladora platense
El expediente iniciado a partir de las denuncias de los inversores pone ahora bajo la lupa a los responsables de ABES por el presunto manejo irregular de los fondos y la paralización de los proyectos inmobiliarios.
El pedido de detención contra Lacki deberá ser analizado por la Justicia, al igual que el resto de las pruebas incorporadas al expediente. Las acusaciones forman parte de una investigación en curso y no implican, por sí mismas, una condena ni determinan responsabilidad penal.
