Política
Presentaron un proyecto para tipificar el mercenarismo y prohibir los ejércitos privados en Argentina
La iniciativa fue impulsada por el diputado nacional Ramiro Gutiérrez y propone incorporar al Código Penal nuevas figuras para sancionar el reclutamiento, financiamiento y organización de estructuras armadas privadas.
El diputado nacional Ramiro Gutiérrez, integrante de Unión por la Patria y del Frente Renovador, presentó un proyecto de ley para modificar el Código Penal con el objetivo de incorporar el delito de mercenarismo y sancionar la creación, organización y financiamiento de ejércitos privados en el país.
La iniciativa surge en un contexto marcado por los conflictos armados internacionales y el crecimiento de organizaciones que reclutan personas para participar en enfrentamientos fuera de los canales legales establecidos.
Según explicó el legislador, la propuesta busca cubrir un vacío en la legislación argentina. "Mientras la Justicia investiga redes de reclutamiento de ciudadanos para combatir en guerras extranjeras, nuestro Código Penal todavía carece de una regulación específica sobre el mercenarismo y las organizaciones armadas privadas", sostuvo.
El proyecto define como mercenario a quien preste servicios de carácter militar a cambio de una remuneración, siempre que esa actividad se realice por fuera de lo permitido por el Derecho Internacional o la legislación argentina. Además de castigar a quienes participen de estas acciones, la iniciativa también contempla sanciones para quienes financien, promuevan, organicen o integren este tipo de estructuras.
Gutiérrez aseguró que detrás de estas organizaciones suelen operar redes delictivas que captan jóvenes mediante promesas económicas. "Detrás del negocio de la guerra privada están las mafias que reclutan jóvenes a cambio de dinero. Muchos son extorsionados y mueren sin poder volver en un frente de batalla olvidado", afirmó.
Otro de los puntos centrales del proyecto es proteger el monopolio estatal sobre el uso legítimo de la fuerza y resguardar la seguridad nacional, la soberanía, la integridad territorial y el orden constitucional. También prevé penas más severas cuando las organizaciones involucren a menores de edad o faciliten delitos como terrorismo, genocidio, crímenes de guerra o de lesa humanidad.
Al mismo tiempo, el texto deja expresamente excluidas de la norma a las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad y policiales que actúen en funciones oficiales, las misiones autorizadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las empresas de seguridad privada que desarrollan su actividad dentro del marco legal y el personal sanitario y humanitario.
En los fundamentos de la iniciativa también se menciona la necesidad de adaptar la legislación a las nuevas modalidades de los conflictos internacionales, donde las estructuras privadas cuentan con financiamiento, logística y capacidad operativa propia. En ese sentido, el proyecto toma como referencia distintas recomendaciones realizadas por organismos internacionales que vienen advirtiendo sobre el crecimiento de este tipo de organizaciones y la necesidad de que los Estados cuenten con herramientas legales para prevenir su accionar.
