Política
Procesaron a una funcionaria judicial de La Plata por una presunta maniobra de lavado de activos
La empleada del Patronato de Liberados está acusada de integrar y presuntamente liderar una organización que habría captado datos y cuentas virtuales de personas vulnerables para mover grandes sumas de dinero. La investigación también apunta al uso de un casino online ilegal.
Una funcionaria judicial de La Plata fue procesada en una causa que investiga una presunta organización dedicada a la estafa, el lavado de activos y la asociación ilícita, a partir de una operatoria que habría movilizado alrededor de $27.000 millones en un año.
La sospechosa, identificada como A. M., es integrante del Patronato de Liberados y habría tenido un rol central dentro de la estructura investigada. Tras ser detenida, fue procesada por la fiscal Betina Lacki. La acusada se negó a declarar cuando fue citada y ahora la fiscalía cuenta con un plazo de 15 días, prorrogable por otro período igual, para definir si solicita su prisión preventiva.
De acuerdo con la investigación, la organización habría captado a personas en situación de vulnerabilidad a cambio de aproximadamente $80.000, utilizando sus datos personales y biométricos para abrir cuentas en billeteras virtuales.
La hipótesis de los investigadores apunta a una modalidad conocida como “smurfing” o “pitufeo”, mediante la cual grandes cantidades de dinero son divididas en numerosas operaciones de menor volumen para dificultar los controles y el seguimiento financiero.
Las personas captadas habrían sido citadas en un bar ubicado en 7 y 56, en La Plata. Allí, los integrantes de la presunta organización les tomaban fotografías y escaneaban sus rostros para completar la apertura de las cuentas digitales.
Una vez creadas, las cuentas habrían quedado bajo control de la estructura y funcionado como intermediarias para recibir y transferir fondos cuyo origen todavía es investigado.
Uno de los aspectos que analiza la Justicia es el destino que habría tenido parte de los fondos movilizados.
Según la hipótesis del expediente, el dinero habría sido enviado posteriormente a un casino online ilegal, donde se registraban supuestas ganancias de juego. La maniobra habría permitido dificultar el rastreo del origen de los fondos y darles una apariencia diferente.
Ahora, los investigadores buscan establecer de dónde provinieron los aproximadamente $27.000 millones y cuál fue la participación concreta de cada uno de los involucrados.
La investigación había tenido un avance significativo el 16 de abril de 2026, cuando la fiscalía ordenó una serie de allanamientos después de varios meses de análisis de información y movimientos financieros.
Sobre el rol de A. M., los investigadores sospechan que habría utilizado su posición dentro del Patronato de Liberados para acceder a personas que se encontraban bajo supervisión judicial o atravesaban situaciones de vulnerabilidad.
En ese contexto, la funcionaria fue señalada como una posible responsable de tareas de captación de personas y datos dentro de la organización.
Si esta hipótesis logra ser acreditada, su condición de funcionaria pública podría generar además una imputación vinculada con un eventual abuso de su función.
Mientras tanto, la Justicia continúa analizando documentación, movimientos financieros y los elementos secuestrados durante los procedimientos para determinar el alcance de la presunta estructura y la responsabilidad de cada uno de sus integrantes.
La causa permanece abierta y, por el momento, las acusaciones forman parte de una investigación judicial en curso.
