Punto capital
Los taxistas pidieron un nuevo aumento de tarifas ante el Concejo Deliberante
Solicitan llevar la bajada de bandera diurna a $1.600 y la nocturna a $2.000. Argumentan que el aumento busca compensar la suba de costos operativos y la inflación.
La Unión de Propietarios de Autos Taxis (UPAT) presentó ante el Concejo Deliberante de La Plata un pedido formal para actualizar el cuadro tarifario del servicio, ante lo que definieron como “una situación económica insostenible” producto del aumento de los costos de mantenimiento, combustibles e insumos.
El proyecto propone llevar la bajada de bandera diurna (Tarifa 1) a $1.600 y la ficha a $200, mientras que la tarifa nocturna, de fines de semana y feriados (Tarifa 2) alcanzaría los $2.000 de bajada y $260 por ficha.
El pedido será analizado por el Concejo, que es el organismo encargado de definir los valores del servicio en la ciudad.
Argumentos del sector
Según el documento presentado, la solicitud responde al incremento constante de los costos operativos, entre ellos combustibles, repuestos, mano de obra, cargas sociales, impuestos, seguros y patentes, además de la inflación generalizada.
El titular de la UPAT, Gustavo Vitale, explicó que el planteo busca “mantener las unidades en funcionamiento” y garantizar la prestación de un servicio público esencial.
“La realidad económica del país está dolarizada. Nuestro pedido se hace en pesos y es equivalente a las paritarias de la actividad. Es fundamental para poder sostener los vehículos en la calle”, remarcó.
Desde la entidad insistieron en que la actualización de tarifas debe ser entendida como un asunto “técnico y no político”, basado en la teoría de los costos reales de cada unidad.
Además, solicitaron al Concejo que se realice una evaluación técnico-financiera del servicio, que contemple los gastos de operación, los ingresos y una rentabilidad mínima que permita cubrir el mantenimiento de los vehículos y la continuidad del servicio.
“La tarifa cumple una función de control y equilibrio dentro del sistema. Es el Estado quien debe determinar el valor justo que asegure la sustentabilidad sin afectar a los usuarios”, expresaron desde la UPAT.
El expediente será analizado por las comisiones de Transporte y Legislación, donde se evaluarán los estudios técnicos y el impacto económico sobre los usuarios y el sector.
