Política
Biocombustibles: las PyMES advierten que el proyecto de Bullrich amenaza 25 plantas y proponen elevar el corte al 15%
La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) presentó una alternativa al proyecto impulsado por La Libertad Avanza, que obtuvo aprobación en el Senado y se debate en Diputados. El sector propone aumentar el corte obligatorio de biodiésel y preservar la participación de las plantas regionales. Advierten que, si la iniciativa avanza sin cambios, podría provocar cierres y poner en riesgo más de 4.500 puestos de trabajo directos e indirectos en la provincia de Buenos Aires.
Las pequeñas y medianas empresas productoras de biodiésel del interior bonaerense expresaron su rechazo al proyecto de modificación del régimen de biocombustibles impulsado por La Libertad Avanza y plantearon una propuesta alternativa para evitar que la nueva normativa concentre el mercado en las grandes compañías aceiteras. La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) advirtió que, de aprobarse el texto sin modificaciones, quedarían comprometidas la continuidad de numerosas plantas y miles de puestos de trabajo vinculados con la actividad.
La entidad difundió un comunicado titulado “No es una ley de consenso, es una ley contra las PyMES”, en el que cuestionó los cambios incluidos en la iniciativa que Patricia Bullrich impulsó en el Senado y que actualmente se encuentra en discusión en la Cámara de Diputados. El planteo se conoció después de una reunión de la Comisión de Energía de la Cámara baja, donde el sector volvió a exponer las consecuencias que, según sostiene, tendría la reforma sobre la producción regional.
La principal preocupación de las empresas pasa por la reducción progresiva de su participación en el mercado interno, que actualmente sostiene a las plantas de menor escala. Frente a ese escenario, la cámara propuso elevar el porcentaje obligatorio de biodiésel incorporado al gasoil y establecer un mecanismo de distribución que garantice la continuidad de los productores regionales.
La alternativa de las PyMES: elevar el corte de biodiésel al 15%
La propuesta presentada por CEPREB contempla elevar el corte obligatorio de biodiésel al 15% o, como alternativa intermedia, establecerlo en el 12,5%. El objetivo es ampliar la demanda del biocombustible y distribuirla mediante segmentos que preserven el volumen de producción que actualmente abastecen las plantas regionales.
Además, la entidad solicitó que ese esquema se mantenga durante toda la vigencia de la ley. Otro de los puntos centrales es revisar el capítulo referido a los grupos económicos, con la intención de eliminar sus restricciones cuestionadas por el sector o, al menos, establecer una transición ordenada que evite un desplazamiento abrupto de las pequeñas y medianas empresas.
La cámara sostiene que una reforma de este tipo debería contemplar el impacto sobre las economías del interior, donde las plantas elaboradoras generan empleo y mantienen vínculos comerciales con otros eslabones de la cadena agroindustrial. Por eso, reclama que el nuevo marco regulatorio no favorezca únicamente a las compañías de mayor tamaño y capacidad logística.
Por qué cuestionan el proyecto que se debate en el Congreso
El presidente de CEPREB, Federico Martelli, advirtió que la iniciativa pone en riesgo la continuidad de 25 plantas que operan en el país y cuestionó que la redistribución del mercado no implique, desde la perspectiva de la cámara, nuevas inversiones productivas.
“Toda ley que reasigna un mercado debería poder responder algo elemental: ¿qué gana el país?”, planteó Martelli en el comunicado. Según su análisis, las grandes aceiteras ya cuentan con instalaciones construidas y dimensionadas para exportar, por lo que asignarles una mayor participación en el mercado interno no necesariamente se traduciría en nueva capacidad industrial ni en empleos adicionales.
El dirigente también alertó sobre el efecto que la reforma podría generar en los proveedores de materia prima. De acuerdo con las estimaciones difundidas por la entidad, unas 400 extrusoras de soja del interior venden su aceite a las pequeñas y medianas empresas elaboradoras de biodiésel. Una reducción de la actividad de esas plantas podría repercutir, por lo tanto, sobre una red de proveedores que excede al sector de los biocombustibles.
“Darles el mercado interno no genera una sola inversión nueva, ni un solo empleo adicional, ni una tonelada más de capacidad: solo llena capacidad ociosa con un negocio que hoy sostiene a veinticinco pymes y a miles de familias”, sostuvo Martelli.
Desde la cámara consideran que el proyecto no ampliaría necesariamente la producción nacional, sino que trasladaría una porción del mercado desde las empresas regionales hacia las grandes compañías del complejo aceitero.
La reducción de la participación de las PyMES y el impacto en las plantas del interior
Uno de los puntos más cuestionados de la iniciativa es el esquema de participación que, según CEPREB, establece para los productores de menor escala. La entidad señala que el proyecto eleva el corte obligatorio de biodiésel del 7,5% al 10%, pero reduce progresivamente la participación de las PyMES en el abastecimiento del mercado interno.
De acuerdo con el análisis de la cámara, la porción asignada a estas empresas descendería desde el 7,5% actual hasta el 4% en 2031 y desaparecería por completo a partir de 2036. El volumen restante se disputaría mediante un mercado electrónico en el que, según advierte el sector, las diferencias en los costos de transporte beneficiarían a las plantas ubicadas cerca de los puertos de exportación, particularmente en la zona de Rosario.
La preocupación está vinculada con la estructura territorial de la industria. Las plantas regionales deben afrontar mayores costos logísticos para competir con establecimientos instalados junto a los principales centros portuarios, una desventaja que, según las PyMES, se profundizaría si se modifica el mecanismo de asignación del mercado.
CEPREB estima que una participación reducida al 4% provocaría el cierre de 14 de las 25 plantas PyMES del país, especialmente las más alejadas del puerto. En tanto, la eliminación total de su participación prevista para 2036 comprometería, según sus proyecciones, la continuidad de todas las empresas del segmento.
La cámara sostiene que el resultado sería una mayor concentración de la producción nacional de biodiésel en la provincia de Santa Fe y en seis grandes compañías aceiteras.
Más de 4.500 puestos de trabajo en riesgo en la provincia de Buenos Aires
El impacto laboral es uno de los principales argumentos que las empresas utilizan para reclamar modificaciones al proyecto. Según las estimaciones difundidas por CEPREB, en la provincia de Buenos Aires están en riesgo más de 4.500 puestos de trabajo directos e indirectos vinculados con la actividad.
La entidad menciona a Ramallo, Junín, Daireaux, Bahía Blanca, Pilar y Saladillo entre las localidades bonaerenses alcanzadas por la preocupación del sector. También advierte sobre posibles consecuencias en otras zonas del país, como General Pico, en La Pampa; Nogoyá y Aldea María Luisa, en Entre Ríos; y distintos puntos de la provincia de San Luis.
El planteo de las PyMES apunta a que la discusión legislativa no se limite al porcentaje de mezcla obligatoria de biocombustibles, sino que también contemple cómo se distribuye la demanda entre las empresas y qué efectos puede tener esa decisión sobre el empleo, la producción y las economías regionales.
La discusión continúa en Diputados
Con el proyecto en tratamiento en la Cámara de Diputados, CEPREB busca que sus propuestas sean consideradas antes de la definición legislativa. La entidad insiste en que elevar el corte al 15% —o, como alternativa, al 12,5%— y garantizar una participación sostenida de las plantas regionales permitiría compatibilizar el desarrollo de los biocombustibles con la continuidad de las pequeñas y medianas empresas.
El debate enfrenta dos modelos de organización del mercado: uno que, según las PyMES, favorecería la concentración de la producción en grandes compañías con ventajas logísticas, y otro que busca preservar la participación de las plantas del interior y su red de proveedores.
Por ahora, las consecuencias señaladas por la cámara forman parte de sus proyecciones sobre el proyecto. La discusión parlamentaria será determinante para establecer si se introducen cambios en los porcentajes de corte, los mecanismos de asignación del mercado y las condiciones de participación de las empresas regionales.
