Política
Ley de Financiamiento Universitario: cuanto debería desembolsar el Gobierno Nacional
La disputa entre el Gobierno nacional y las universidades públicas por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario sumó un nuevo capítulo luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara por unanimidad un recurso extraordinario presentado por el Ministerio de Capital Humano y ratificara la obligación del Estado de implementar la norma.
La decisión judicial reactivó el debate sobre el impacto fiscal que tendría la aplicación plena de la Ley N° 27.795. Desde la administración del presidente Javier Milei sostienen que el Congreso sancionó la normativa sin establecer de qué partidas presupuestarias deberían provenir los fondos necesarios para su cumplimiento.
Según estimaciones del Poder Ejecutivo, la implementación total de la ley requeriría un desembolso de entre 1,3 y 3,6 billones de pesos, una cifra que, aseguran, pondría en riesgo la política de equilibrio fiscal impulsada por el Gobierno nacional.
Desde la Casa Rosada argumentan además que la norma incumple con el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que establece que toda legislación que implique un incremento del gasto público debe precisar la fuente de financiamiento correspondiente. Bajo esa interpretación, el oficialismo advierte que la única alternativa sería recurrir a emisión monetaria, con el consecuente impacto inflacionario.
La resolución de la Corte fue recibida con satisfacción por parte de los gremios docentes universitarios, que consideran que el fallo representa un respaldo al reclamo salarial y presupuestario que sostienen desde hace meses.
La secretaria adjunta de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA), Ileana Celotto, afirmó que el Gobierno "pretende no cumplir la ley" y recordó que tanto el intento de veto como las posteriores iniciativas para modificar la normativa no lograron avanzar en el Congreso.
"Este fallo fue muy bien recibido por toda la comunidad universitaria. Hubo una enorme presión y movilización de docentes, no docentes y estudiantes en todo el país. Ahora está más claro que nunca que debemos continuar reclamando lo que corresponde", sostuvo la dirigente sindical.
En la misma línea, el secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA), Emiliano Cagnacci, destacó que la decisión judicial ratifica la vigencia de la ley y recordó que "en democracia no se puede elegir qué leyes cumplir y cuáles no".
"La cautelar contempla cuestiones vinculadas al salario docente y no docente, así como también a las becas estudiantiles. La Corte entendió el carácter alimentario de esos ingresos y dejó firme lo resuelto en instancias anteriores", explicó.
A pesar del fallo, desde el Gobierno nacional remarcaron que la decisión de la Corte no resuelve la cuestión de fondo vinculada a la constitucionalidad de la Ley de Financiamiento Universitario, por lo que anticiparon que continuarán explorando alternativas judiciales y administrativas.
En paralelo, el Poder Ejecutivo confirmó que solicitó a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) intensificar las auditorías sobre el uso de fondos en las universidades nacionales, en un contexto donde el conflicto presupuestario y salarial promete mantenerse como uno de los principales focos de tensión política y educativa durante el segundo semestre del año.
