Política
Kicillof apura el tratamiento de una ley para regular la situación de los trabajadores de aplicaciones
Walter Correa se presentará este jueves ante la comisión de Trabajo del Senado provincial para defender el proyecto que busca regular la actividad en plataformas digitales. La iniciativa contempla un registro de trabajadores, seguros contra accidentes, acceso a información laboral y espacios de descanso para repartidores. El oficialismo busca avanzar con el debate antes de fin de año.
El gobierno de Axel Kicillof buscará acelerar el tratamiento de la denominada “ley de apps” en la Legislatura bonaerense. Este jueves, el ministro de Trabajo provincial, Walter Correa, expondrá ante la comisión de Trabajo del Senado para defender el proyecto que propone establecer un plan integral para el empleo mediante plataformas digitales.
La iniciativa fue enviada por el gobernador meses atrás y apunta a establecer herramientas de regulación para quienes trabajan a través de aplicaciones de reparto, transporte y otros servicios. La intención del oficialismo es avanzar con su discusión parlamentaria antes de fin de año, en medio del debate sobre las condiciones laborales de un sector que reúne a miles de trabajadores.
La reunión estará encabezada por la senadora María Rosa Martínez, titular de la comisión, quien también convocó a representantes de sindicatos y organizaciones que agrupan a trabajadores de aplicaciones. Tras las exposiciones, el texto continuará bajo análisis de los integrantes del cuerpo legislativo.
Qué propone la ley de aplicaciones de Kicillof
Uno de los ejes centrales del proyecto es la creación de un registro que reúna información sobre las personas que desarrollan tareas mediante plataformas digitales. La propuesta también establece obligaciones para las empresas, que deberán brindar datos sobre la cantidad de trabajadores que utilizan sus aplicaciones, las condiciones generales de prestación del servicio, la duración promedio de la actividad, las horas semanales trabajadas y los ingresos medios que obtienen.
Otro de los puntos destacados es la obligación de que las compañías contraten, a su exclusivo cargo, un seguro de accidentes personales con cobertura integral frente a los riesgos derivados de la actividad. La iniciativa incorpora, además, medidas específicas para los repartidores, como la disponibilidad de paradores acondicionados para que puedan utilizarlos durante sus jornadas laborales.
El proyecto busca que el Estado provincial cuente con información para conocer mejor las condiciones en las que se desarrolla esta modalidad de empleo y pueda diseñar políticas públicas orientadas al sector.
El rol del Ministerio de Trabajo y la asistencia a los trabajadores
La propuesta también contempla la creación de una mesa de coordinación en el ámbito del Ministerio de Trabajo bonaerense. Ese espacio tendría la función de planificar políticas y desarrollar acciones vinculadas con el empleo mediante plataformas digitales.
Entre las medidas previstas figura la elaboración de contenidos de asesoramiento para facilitar trámites ante organismos y entidades que intervienen en la actividad, como registros automotores, compañías de seguros, áreas de Migraciones y juzgados de faltas cuando estén involucradas las herramientas de trabajo de los repartidores y conductores.
Además, se propone establecer canales de atención prioritaria en las áreas de tránsito para las situaciones que afecten el desarrollo de las tareas laborales. El objetivo es incorporar mecanismos de acompañamiento estatal ante los problemas administrativos y operativos que pueden enfrentar quienes trabajan con aplicaciones.
Antes de su presentación en el Senado, Correa ya había ratificado el compromiso de la Provincia con la regulación de esta modalidad de empleo. Durante una actividad realizada el martes en la sede del sindicato de telecomunicaciones FOETRA, el funcionario defendió la iniciativa impulsada por Kicillof y la vinculó con la protección de los derechos laborales.
Diferencias dentro del peronismo por la regulación de las apps
El proyecto también abrió discusiones dentro del propio peronismo bonaerense. Desde el Frente Renovador plantearon la necesidad de introducir modificaciones a partir de encuentros con organizaciones que representan a trabajadores de plataformas digitales. Dentro de ese espacio, incluso se evaluó la posibilidad de presentar una iniciativa alternativa en la Cámara de Diputados provincial.
Las diferencias anticipan un debate legislativo en el que el oficialismo deberá atender los reclamos de distintos sectores antes de intentar avanzar con la aprobación del texto.
Por su parte, el senador bonaerense Emmanuel González Santalla, de La Cámpora, mantuvo una reunión con integrantes de la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (ASiMM). Durante el encuentro, el legislador puso el foco en los salarios, las paritarias y la falta de protecciones laborales para quienes desarrollan tareas mediante aplicaciones.
“Sin aportes, sin paritarias, sin ART, padeciendo la inseguridad a todo momento, los trabajadores y trabajadoras de aplicaciones empiezan a organizarse para reclamar al Estado condiciones dignas de empleo”, sostuvo González Santalla. También expresó su voluntad de acompañar los reclamos para alcanzar salarios acordes con el esfuerzo que demanda la actividad.
El debate por los derechos laborales también avanza en el Congreso
La discusión sobre la regulación del trabajo en plataformas digitales no se limita a la provincia de Buenos Aires. En el Congreso nacional, el diputado Hugo Moyano (h), integrante del Movimiento Derecho al Futuro, presentó meses atrás un proyecto para establecer un régimen laboral específico para quienes prestan servicios mediante aplicaciones.
La iniciativa nacional apunta a regular las relaciones jurídicas entre las empresas administradoras de plataformas y las personas que trabajan a través de ellas.
En ese contexto, la exposición de Walter Correa ante el Senado bonaerense será una instancia clave para conocer las posiciones de los distintos sectores y determinar los próximos pasos del proyecto provincial. El debate estará atravesado por la búsqueda de mayores garantías para los trabajadores, las obligaciones que se pretende imponer a las empresas y las diferencias políticas sobre el alcance que debería tener la regulación.
